En los últimos días, la contaminación en la ciudad de París alcanzó niveles alarmantes, con picos que superaron los máximos permitidos.
Para limitar índices tan altos, el Gobierno de Francia, determinó que, durante un tiempo limitado, la circulación de vehículos particulares en la capital francesa y 22 municipios periféricos, estaría restringida a las patentes pares en los días correspondientes y a las impares cuando se tratara del resto.
Quedaron exceptuados de esta medida los vehículos de extranjeros, policía, taxis, servicios de urgencia y los aplicados a gestiones específicas (plomeros, repartos de diarios, etc).
Paralelamente, los camiones de más de 3.500 kilos, estarían restringidos sea cual fuere la terminación de sus patentes, con excepción de los que tienen cámaras frigoríficas y los recolectores de basura.

Más allá de volver a los límites aceptados de contaminación, la medida hizo que, de un día para otro, el tráfico se redujera casi a la mitad, con congestiones que, de unos 130 kilómetros/promedio habituales, pasaron a menos de 90.
La medida implementada en la capital de Francia, se complementó con la posibilidad de acceder al transporte público en forma totalmente gratuita.
La noticia nos hizo recordar una precursora y lejana normativa local que, varias décadas atrás, se tomó en nuestra Capital Federal y que, de manera similar, restringía la circulación de vehículos de acuerdo a la terminación de su patente.
Una medida que, como muchas otras cosas en nuestro país, luego se descartó al ser tildada de “anticonstitucional y restrictiva de la libertad individual de las personas”.

Sin embargo, a la luz de lo que sucede cotidianamente en la Capital porteña, la norma, antes descartada, reaparece ahora como una solución bastante razonable y lo suficientemente abarcativa como para tener un efecto contundente sobre los problemas de congestionamiento y contaminación que hoy tiene la metrópoli más grande de la Argentina.
Problemas no solamente agravados por el marcado crecimiento en la venta de unidades nuevas que se registraron en los últimos años (de las cuales, se calcula que casi un 40% por año quedaron en la Capital y su periferia), sino también por la irrupción de las ciclovías y del metrobús, la conversión de numerosas calles en paseos peatonales, la proliferación de cartoneros, el estacionamiento indiscriminado, los nuevos depósitos de basura, la carga y descarga de productos sin control, etc, etc.

Varios de estos casos no son producto de medidas desacertadas, inapropiadas o de transgresiones, sino que se corresponden con otros tipos de conductas ciudadanas, pero que, a la hora de pensar en congestión y contaminación, suman en contra.
Factor determinante para que la restricción propuesta tuviera posibilidades, es que habría que contar con el beneficio de un transporte público decoroso que, hoy por hoy, no existe como tal y que sería tema coyuntural para la viabilidad de un proyecto de esta envergadura.
El ejemplo de Francia, cuna de la libertad y de los Derechos del Hombre, bien podría satisfacer a los detractores de la aplicación de la norma y liberar el camino hacia una implementación, bajo el formato que se acuerde, que contemple la mayoría de los casos posibles y que, por sobre todas las cosas, alivie el caótico tránsito porteño y que lo de “Buenos Aires”, no solo quede en una añeja y hermosa conjunción de palabras…