La UE prohibirá la venta de vehículos 0Km que no sean “cero emisiones” desde 2035. Una imposición que, por inconsulta y terminante para el mercado automotriz, motivó que una empresa alemana haya llevado el estamento continental a los tribunales por considerarla una medida ilícita.

Esto no hace más que reabrir la polémica, más allá que la prohibición de venta de vehículos nuevos impulsados por motores de combustión (ICE) lleva meses aprobada.

Una polémica que ni siquiera puede atenuar el teórico despliegue y ayuda que proponen los e-fuels que, sin embargo, en la práctica deberán superar requisitos casi imposibles de superar de acuerdo a los requerimientos de la UE.

En el intrincado juego de ajedrez que se lleva a cabo por ambas partes, Alemania sigue trabajando silenciosamente para ganar apoyo en la Comisión Europea y “suavizar” una prohibición que amenaza con afectar gravemente a la industria automotriz continental, que está liderada por la mayoría de las marcas germanas. Y, en el mientras tanto, Lühmann Gruppe, empresa de ese mismo origen (oh, casualidad!!) ha interpuesto una demanda que puede llegar a desequilibrar el enfrentamiento.

La mencionada empresa está especializada en combustibles sintéticos que, según la UE, podrán utilizarse para vender nuevos vehículos ICE, siempre y cuando estos certifiquen emisiones de carbono 100 % neutras durante todo su ciclo de vida.

Una medida que, en opinión de Ralf Diemer, director general del grupo industrial eFuel Alliance, “es casi imposible de cumplir” propiciando que, en la práctica, la única posibilidad de vender un vehículo nuevo a partir de 2035 en Europa es que este sea “cero emisiones”, como supuestamente lo son los eléctricos de batería, energía solar o pila de combustible. Sin embargo, la realidad muestra que ni siquiera estos últimos son absolutamente “cero emisiones”, ni en su proceso de producción, ni en su funcionamiento –emanaciones de asbestos, excedentes de caucho, etc, de por medio-.

Todo esto hizo que Lorenz Keine, director de Lühmann Gruppe considerara que la imposición de la Unión Europea se basa en “ideología, no en hechos”. Algo que justifica la demanda judicial interpuesta contra dicho organismo ante los tribunales continentales.

Lo cierto es que, si bien existen varias empresas tecnológicas y fabricantes automotrices que apuestan por los combustibles sintéticos o e-fuels, su futuro no parece demasiado halagüeño considerando los altos costos vinculados a su producción, que parece ser el “talón de Aquiles” de la propuesta.

Más allá de pruebas recientes con menor o mayor compromiso con los e-fuels, ninguno de los cinco principales fabricantes europeos (BMW, Mercedes-Benz, Renault, Stellantis y el grupo VW) tiene planes para desarrollar vehículos completamente impulsados por este tipo de combustibles. Sin embargo, todos “miran de reojo” el desarrollo de los mismos, alternativa que, de implementarse, podría amenguar la crisis de la industria automotriz mundial que se presume llegaría con la prohibición de venta de los ICE.

El ministro de Transporte de Alemania, Volker Wissing, esperaba anunciar un importante acuerdo durante el IAA Mobility en Munich, con el objetivo de establecer una hoja de ruta realista y viable para los e-fuels. Sin embargo, finalmente no pudo hacerlo, ya que sólo tuvo el respaldo de Japón, Marruecos y la República Checa.

En su propuesta, Wissing insistía en mantener una neutralidad tecnológica para no depender exclusivamente de la electrificación y, con ese objetivo, tratar de persuadir a más países a construir plantas para la producción de combustibles sintéticos.

La frustrada propuesta también se orientaba a “mejorar las oportunidades de política industrial para los países del sur, ya que la producción a gran escala se beneficiaría de condiciones especialmente favorables en regiones donde los costos de producción de energía eólica y solar son bajos”.

Son varios los países y diferentes compañías que estudian la demanda de Lühmann Gruppe y sus efectos, así como los de otros reclamos similares presentados entre los que se destaca Polonia, cuyo Gobierno anunció que haría lo mismo en junio pasado.

Fuente: Welt.de

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