La respuesta por parte de los taxistas –principales damnificados por la aparición de Uber-, no se hizo esperar y luego de algunos amagues que ya habían comenzado en los días previos, estas vez fueron más a fondo con diversas medidas (las más populares, fueron cortes de calles sorpresivos en distintos lugares de la ciudad).
El gobierno porteño, también se hizo eco del desplante de Uber a través del secretario de transporte, Juan José Méndez, quien aseguró que se aplicarán multas “importantes” a los choferes que trabajen con Uber, por no contar con habilitación correspondiente.
Méndez amplió que incentivarían los controles, que continuarían evaluando sanciones y, además, “los autos serán remitidos, como ocurre en los casos de alcoholemia. Se los llevará la grúa, como pasaría con cualquier transporte ilegal, le quitarán el vehículo al usuario y lo remitirán hasta que el titular se presente ante el controlador. Uber no se ha dado de alta como prestador de ningún servicio, lo que plantea que trabajan en la ilegalidad”.
Con el correr del día, el conflicto, desde lo institucional, se profundizó, al punto que hubo un amparo solicitado por la compañía, mientras que el gobierno de CABA, buscaba articular distintos medios para insistir en la prohibición de la operatoria del controvertido Uber.